El año pasado se cumplieron 20 años de la muerte de Ramón Sanpedro, que lucho por conseguir el derecho a una muerte digna. Él decía que “obligar a una persona a vivir es un maltrato”. Numerosas personas han luchado por la misma causa, por ello, me centro en la figura de Sanpedro como un reconocimiento a todas ellas.
La semana pasada, en concreto el 18 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobaba, por fin, la Ley de la Eutanasia. Pocas leyes han tenido tanto consenso en la Cámara Baja, sobre todo en los últimos tiempos. Fue aprobada con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, para su entrada en vigor se establece un periodo de tres meses desde su publicación en el BOE.
Quinto país del mundo
España es el quinto país del mundo que aprueba una norma que regula la Eutanasia. Los tres países del Benelux y Canadá fueron los primeros y, Nueva Zelanda la tiene prevista para el mes de noviembre de este año. Portugal está pendiente que se pronuncie el Tribunal Supremo de su país. Una vez más, nuestro estado, ha demostrado ser pionero en el reconocimiento de derechos sociales y con ello, hacer una sociedad más justa, equilibrada, generosa y preocupada por evitar el sufrimiento de las personas,
El revuelo y rechazo que han demostrado algunos grupos no se justifica, no hay motivo de preocupación, es una ley tremendamente garantista. Solo la persona que quiere ejercer este derecho lo puede solicitar ante una situación de “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable”, como dice la propia exposición de motivos de la Ley.
La norma establece un procedimiento con muchos controles tanto personales como profesionales, así como por medio de diferentes comités éticos y/o de bioética, creados por la mayoría de las Comunidades Autónomas como instrumentos indispensables para resolver posibles conflictos de valores.
¿Puede la muerte ser digna?
Se nos llena la boca hablando de tener un completo bienestar a lo largo de nuestra vida, de tener una vivienda digna, un trabajo digno, un salario digno, en realidad de tener una vida digna y ¿por qué cuando hablamos de la muerte no pude ser digna?, lo contrario, como hemos visto en los últimos años, sería una vulneración de derechos. Aquí, de lo que se trata es de conjugar derechos que están recogidos en nuestra Constitución, hacer compatibles el derecho a la vida y a la integridad física y moral con otros bienes constitucionalmente protegidos como la libertad, la dignidad y la autonomía de la voluntad.
No te puedes quedar atrapado y no ser permeable al cambio, este siempre supone resistencia e incertidumbre, pero es necesario para el progreso. Entra dentro de un conjunto de acciones que la humanidad ha ido desarrollando para poder resolver sus dificultades, sobrevivir, evitar el dolor, el sufrimiento, aumentar el bienestar y alcanzar valores éticos, entre otras cosas. Este conjunto de acciones se convierte hoy en una necesidad ineludible.
El reconocimiento del derecho no obliga a su ejercicio obligatorio
Por cierto, hablando de dignidad a la hora de la muerte, la crisis sanitaria que ha producido la pandemia, nos hace efectuar alguna consideración al respecto con relación a la gestión de la última fase de la vida. Han sido muchas las personas, principalmente mayores, que han muerto solos. El aislamiento extremo ha provocado situaciones de dolor y angustia al final de la vida. La dignidad se nos ha escapado entre los dedos de las manos, posiblemente por sobrecarga, desconocimiento de la propia enfermedad, precaución e incluso miedo.
El reconocimiento de este derecho social, ante una demanda sostenida de la propia sociedad, no implica su ejercicio obligatorio, ahí está la Ley del Divorcio y a nadie se le obliga a divorciarse, ni abortar, ni a casarse con personas de su mismo sexo. Aquellos que siempre están en contra de las normas más avanzadas están en contra del progreso y la libertad.
Lo que hay que garantizar como uno de los factores principales para una muerte digna en ésta época del Covid, es el acompañamiento al menos de un familiar con las medidas de protección necesarias. Hay que asegurar que se cumple ese derecho del paciente.
Enhorabuena, por una muerte digna.
Firma del Post:
Teresa Patiño Lafuente, Abogada, Postgrado Patient Avocacy (UIC) Ex Directora General de Familias e Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
